“Auctoritas”

(Comentarios al artículo La autoridad del profesor, de Francisco J. Laporta, en El País del domingo 1/11/2009)

 

 

 

 

 

 

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                    El articulista, con cuya distinción entre “autoridad” y “poder” estoy totalmente de acuerdo, entiende que una ley de autoridad del profesor serviría para defendernos de las contínuas amenazas de sanción penal por parte de alumnos y padres. Se entiende que esto restablecería una cierta “igualdad” en el terreno jurídico.

                La necesidad de esta “protección” pone de manifiesto un círculo vicioso que, como todos, sólo se puede desatar rompiéndolo por alguna parte. Alejandro Magno, discutible discípulo de Aristóteles, ya llegó a la misma conclusión (valga esto como nota pedante: será la última, al menos de forma deliberada).

                El contínuo recurso (real o como insinuación de amenaza) a la Ley sólo pone de manifiesto una carencia de ética y sentido común por parte de la sociedad; ésta, a su vez, se podría, con un poco de buena voluntad,  considerar circunscrita a una situación de crisis (planteamiento discutible, pues siempre hay crisis).

                Se hace necesaria la creación de una mentalidad racional, es decir, la educación para una comprensión de las ideas generales que, sin excluir los intereses particulares, sean susceptibles de debate y acuerdo universales, y por tanto generen normas y comportamientos estables.

                La racionalidad debe luchar, para imponerse, no sólo contra la irracionalidad de las ideas (lo cual no dejaría de ser un debate ideológico, idílico e incluso gratificante si se dieran las condiciones), sino contra la de los comportamientos. Ésta requiere, para ser erradicada, un lento entrenamiento en una serie de “habilidades”, las cuales tienen que ver, en su mayor parte, con la renuncia a la satisfacción inmediata de los impulsos (a cambio de una remota y siempre problemática consecución de objetivos de otro tipo, como la de entender el mundo,  saber actuar y otras por el estilo).

                El hecho de obedecer , si no es fruto de un inmediato y siempre fluctuante miedo a una sanción, requiere un asentimiento propio a instrucciones o ideas que vienen “de fuera”, y cuya obligatoriedad, en un caso, o veracidad, en el otro, no están todavía suficientemente probadas. Se trata de un hábito, necesario no sólo para el aprendizaje de una determinada materia, sino incluso para el simple hecho de mantener una conversación, abrir una puerta o bajar una escalera.

                Implantar este hábito es, fundamentalmente, el trabajo del maestro, cuya autoridad se pretende reforzar con una ley (“otra ley”). Bienvenida sea, como los seguros contra incendios. Ahora bien: también podrían las autoridades hacer un esfuerzo pedagógico: a través de una mayor dotación de recursos (no supeditados siempre al logro de “objetivos”) y sobre todo, haciendo gala de coherencia normativa: el cambio en los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado (para entendernos, “qué tienen que hacer para aprobar o sacar el título”), al ser demasiado rápido y confuso, impide por completo la formación de una mentalidad de trabajo;  la simple idea de que hay que estudiar para aprobar (qué sencillo me parecía a mí, como alumno, un trabajo que consistía simplemente en comprender lo que me estaban explicando) ha sido desterrada y reemplazada por el cálculo de probabilidades.

                Si este batiburrillo no afectara a derechos fundamentales, no pasaría de ser un pasatiempo académico (nunca mejor dicho) averiguar todos los días (prácticamente) qué tenemos que hacer, profesores y alumnos, para conseguir nuestros objetivos. Pero la confusión normativa es percibida, y con motivos, por una población castigada con el absurdo cotidiano, como una amenaza. Cuando no como una ocasión para obtener mediante la coacción o  el chantaje emocional( o la simple permanencia en las aulas durante el tiempo suficiente)  algo que, todavía (menos mal), se percibe como un derecho: un título académico de algún tipo.

                En lugar de (o además)  hacer una norma específica para la seguridad jurídica del maestro, se debería reprimir la  pasión por dictar continuamente normas que, por su profusión e incoherencia, la socavan de hecho.

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